Lula había acusado al juez de parcialidad por enfocarse en su contra injustamente. En una decisión de ocho votos a favor y dos en contra, la Corte, el más alto tribunal de justicia del país le quitó la competencia del caso Lula al juez Sergio Moro, que lidera una investigación de un entramado de corrupción de sobornos a cambio de contratos en la estatal petrolera Petrobras.
Moro, un juez de la provincia de Curitiba, se ha vuelto en una figura importante del aparato judicial brasileño en los últimos dos años mientras adelantaba la investigación en la que han sido involucrados acaudalados hombres de negocios y prominentes figuras del espectro político brasileño.
Moro fue acusado de no actuar imparcialmente a principios del mes cuando ordenó detener temporalmente y conducir a Silva para que se le tomara una declaración en un interrogatorio como parte de la investigación de Petrobras.
Los partidarios de Silva dicen que Moro está adelantando una campaña en contra del líder del Partido de los Trabajadores y temían que el juez detuviera a Silva indefinidamente, una decisión que se cree que es poco probable que la Corte Suprema tome, al menos en el corto plazo.
La plenaria de la Corte no ha estudiado varios recursos de apelación sobre unas órdenes que suspendieron el nombramiento de Lula como jefe de gabinete del gobierno de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, lo que le daría una mayor protección legal frente a este tipo de investigaciones.
Según la ley brasileña, sólo la Corte Suprema puede autorizar una investigación penal en contra de un ministro del gabinete o de un congresista y sólo dicho tribunal puede ordenar su detención.
El nombramiento de Lula ha estado en el limbo durante las últimas semanas a la espera de que la Corte Suprema decida sobre los recursos de apelación.
Lula, que fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, ha negado haber cometido ilegalidad alguna. Entretanto, miles de manifestantes se reunieron en ciudades de cinco estados de Brasil para apoyar a Lula y a Rousseff, sobre quien pende la amenaza de que se le adelante un juicio político en el Congreso por presuntamente violar normas fiscales.
Los manifestantes se vistieron de rojo, el color que es símbolo del izquierdista Partido de los Trabajadores, o PT, al momento de reunirse en Brasilia, la capital del país, en el centro financiero de Sao Paulo y en otras urbes cariocas.
Los chances de que Rousseff sobreviva un juicio político en el Congreso han disminuido notablemente luego que el partido político más grande de Brasil, el partido Movimiento Democrático, o PMDB, se retirara del gobierno.
Esa decisión también ha creado confusión acerca de la permanencia de algunos ministros en el gabinete oficialista.
Líderes del PMDB dijeron el martes que todos los ministros de su partido así como cientos de empleados federales debían renunciar de manera inmediata a sus cargos.
Pero la ministra de agricultura, Katia Abreu, dijo en Twitter tarde el miércoles que no tenía planes de dejar el cargo o salirse del partido. Su tuit sugiere que otros cinco miembros del PMDB tienen la misma posición.
Abreu es una aliada cercana y confidente de Rousseff. No está claro cómo el PMDB responderá al desafío de la ministra.
En la noche del miércoles, la oficina de la presidenta Dilma Rousseff dijo que el ministro de Deportes presentó renuncia a su cargo cuatro meses antes de que se celebren las Olimpiadas de Río de Janeiro.
Pero es poco probable que su salida afecte los preparativos del certamen olímpico que se celebrara del cinco al 21 de agosto.
El anuncio puso fin a semanas de conjeturas sobre el destino de Hilton.
El funcionario renunció a su partido político luego de que la agrupación rompiera con la frágil coalición de gobierno que lidera Rousseff, en lo que fue interpretado como una apuesta para mantenerse en el cargo.
Pero un alto asesor de Rousseff dijo la semana pasada que Hilton renunciaría, aunque el ministro declinó confirmar la dimisión en su momento.
La prensa brasileña ha dicho que Rousseff estaba planeando ofrecer los ministerios que quedaran vacantes a miembros de seis partidos políticos que siguen en la coalición de gobierno para conseguir su apoyo político en la votación que se avecina y que decidirá si se abre un juicio político en su contra.
El juicio político tiene origen en una serie de acusaciones de que Rousseff presuntamente habría violado normas fiscales. La mandataria necesita 172 de 513 votos en la Cámara Baja para evitar que el juicio prospere.
Pero la deserción del PMDB, que ha sido clave de la coalición de gobierno desde que la democracia retornó a Brasil en 1985, aparentemente hará más difícil la labor de Rousseff de evitar el juicio político así como mantenerse en el cargo.
La aprobación de Rousseff se ha desplomado en medio de una la peor recesión que ha afrontado el país en décadas, con un aumento del desempleo y un brote del virus del zika que ha sido señalado como responsable de una serie de nacimientos de bebés con microcefalia.
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Fuente: CDN
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